Los trabajos en altura representan uno de los mayores riesgos de accidentes graves y mortales en el ámbito laboral, especialmente en sectores como la construcción y el mantenimiento. En Panamá, la seguridad y salud en el trabajo están reguladas por diversas normativas, con un enfoque específico creciente en la prevención de caídas.
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), a través de la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo (DGSST), es la entidad principal encargada de velar por el cumplimiento de estas normativas.
La normativa más reciente y específica que aborda directamente los trabajos en altura en Panamá es la:
Resolución N° 003-2022-DGSST (del 1 de febrero de 2022)
"Por la cual se adopta el Reglamento Técnico de Seguridad para Trabajos en Altura en la República de Panamá".
Esta resolución establece los requisitos mínimos de seguridad y las medidas de prevención que deben implementarse en todo trabajo donde exista riesgo de caída a un nivel inferior.
Generalmente, se considera trabajo en altura toda labor realizada a una altura superior a 1.80 metros sobre un nivel inferior, donde exista riesgo de caída.
Esto incluye, pero no se limita a:
La resolución exige que todos los trabajadores que realicen tareas en altura, así como sus supervisores, reciban formación y certificación teórica y práctica.
Es mandatorio el uso de Equipos de Protección Personal (EPP) certificados, que deben ser inspeccionados antes de cada uso.
La Resolución 003-2022 se complementa con el marco legal general de seguridad y salud ocupacional en Panamá, que incluye:
Reglamenta la Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la Construcción. Aunque es específico para la construcción, estableció muchas de las bases para la gestión de riesgos en alturas que ahora se generalizan y detallan en la nueva resolución.
Es la ley marco que crea el sistema de Riesgos Profesionales en Panamá, administrado por la Caja de Seguro Social (CSS). Establece las bases de la prevención y la compensación por accidentes laborales.
La normativa establece responsabilidades claras para garantizar la seguridad: